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Digo yo que la mujer a la que no han practicado un aborto terapéutico podrá demandar a la sanidad pública por una cifra millonaria. Lo mismo con alguna que otra condena por cosas como ésta se acaban enterando de que los derechos no se le pueden negar a nadie.
Es que no se trata sólo de la negativa a procurar el tratamiento médico apropiado a su dolencia, que ya de por sí es grave, sino del perjuicio económico y moral derivado de tener que buscar un sitio donde recibirlo a su propia costa, y de la estigmatización, tratándose de una trabajadora del propio centro médico. Se han cebado con ella, desde luego.